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Barreras arquitectónicas y accesibilidad

Todos en un momento dado hemos sufrido, bien en primera persona, o a través de personas cercanas que sufren alguna minusvalía, el problema de la movilidad por nuestros pueblos y ciudades. Sin ir más lejos, llevar un simple carrito de bebé se convierte en algunos lugares en toda una odisea, por tanto, siempre son bien recibidas las noticias jurisprudenciales que amparan los derechos de aquellos más vulnerables, otorgando igualdad de oportunidades y evitando discriminación con respecto a las personas que sufren discapacidades. accesibilidad1

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado recientemente el recurso de los padres de un discapacitado declarando la obligación a su comunidad de vecinos en Gandía para autorizar unas obras en una piscina comunitaria adaptándola para la utilización por el mismo.

La Sentencia apela a principios contemplados en nuestra Constitución a través del art. 49, así como a normativa internacional: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de Nueva York-2006, y leyes específicas de protección de los discapacitados: Ley 15/95, de 30 de mayo, Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

El Supremo pone límites a la propiedad privada en interés del derecho de los discapacitados a poder usar los inmuebles en igualdad de oportunidades y sin discriminación.

Estos límites legales al dominio posibilitan la supresión de barreras arquitectónicas y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad al uso de los elementos comunes de los inmuebles en propiedad horizontal, siempre que dicho uso pueda ser posible con modificaciones que, en el caso que resuelve la Sala, no se ha alegado ni probado que puedan ser inalcanzables o sumamente gravosas.

En este caso concreto se trataba de instalar una silla, brazo o elevador para minusválidos, con anclaje sencillo y no fijo, y cuyos gastos asumían los padres.

De ahí que la Sala considere que la negativa a autorizar la realización de las obras que permitan dicha utilización era abusiva y contraria a la legalidad vigente.

En este sentido, la sentencia recuerda que el propio artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Horizontal exige a la Comunidad de Propietarios realizar las actuaciones y obras que sean precisas para que un discapacitado pueda hacer uso de los elementos comunes, entre los que se encuentra la piscina comunitaria.

Un paso más, en definitiva, para mejorar la calidad de vida de muchas personas y su integración en nuestra sociedad.