Apuntarse al paro

Puede que en verano salga el dato una vez más, en los medios de comunicación, que nos indique que el número de ciudadanos inscritos en el paro se ha reducido, pero lo cierto es que miles de personas se enfrentan a diario a esa nueva realidad en sus vidas llamada: estar en el paro.
Y se preguntarán: ¿dónde debo dirigirme? ¿qué documentos son necesarios para tener derecho a una prestación? ¿qué debo hacer para conseguir mi inmediata inserción en el mercado laboral?

Pues bien, el organismo que gestiona todas estas cuestiones es el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que gestiona el sistema de protección por desempleo, por cierto, antiguo INEM.

Lo primero que hay que hacer es solicitar cita previa , para poder presentar la documentación consistente en: la carta de despido, DNI, libro de familia si se tienen hijos a cargo, certificado de empresa,  (si la empresa no lo ha remitido por internet al SEPE) y el impreso de solicitud de la prestación.  Recordar que también se puede solicitar vía electrónica, si se dispone de certificado digital o DNI electrónico.

Para el reconocimiento de la prestación además debes figurar inscrito como demandante de empleo en el servicio de empleo autonómico o, si reside en Ceuta o Melilla, en el Servicio Público de Empleo Estatal.

Debes firmar la conformidad al compromiso de actividad que ponen a tu disposición para la búsqueda de empleo.

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¿Qué es el SMAC? ¿Cuándo tienes que acudir a él?

En la Comunidad de Madrid existe el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación, como órgano administrativo al que se acude para la resolución de los conflictos laborales con carácter previo a la tramitación del proceso judicial. Ante este organismo se intenta llegar a un acuerdo entre empresario y trabajador en materias de despidos, reclamaciones salariales, sanciones disciplinarias y reconocimiento de derechos en general.

Se presenta lo que se denomina “papeleta de conciliación” (ejem en formularios de la web), en el plazo de 20 días hábiles, desde la fecha de efectos del despido. La presentación de la misma, suspende los plazos de caducidad.  Es decir, el plazo para la presentación de la demanda, (si no se ha llegado a acuerdo) se reanuda tras el intento de conciliación,  o transcurridos quince días desde su presentación sin que se haya celebrado. En los casos de reclamación de cantidad y reconocimiento de derechos, recordemos que  el plazo es de un año.

Cuando se acude al Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación pueden darse varias situaciones: que lleguemos a un acuerdo con la empresa, entonces se levanta acta conciliando, y constituye título con fuerza ejecutiva. Que no comparezca la empresa, entonces el acto es intentado y sin efecto. Que comparezcan ambas partes y no se llegue a acuerdo: celebrado sin avenencia. En estos dos últimos casos, el acta ha de adjuntarse a la demanda que en su caso se interponga.

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Ticket de Registro en SMAC

Retraso en los Juzgados

De todos es conocido el retraso que sufre la administración de la justicia en este país, pero nos ha llegado la noticia de un Juzgado de Almería que ha contestado una demanda por separación matrimonial, 12 AÑOS DESPUÉS DE PRESENTARSE!!.

El escrito fue presentado por la pareja en el año 2001, y en él comunicaban al Juzgado que reanudaban  su convivencia conyugal, es decir, solicitaban se dejaran sin efecto la separación y las medidas planteadas. El Juzgado dado el tiempo transcurrido, requería a los cónyuges para que dijeran si mantienen el contenido, y acordar en su caso lo que procediese. ¿Qué medidas son necesarias para evitar el colapso en los Juzgados? Cuéntanos tu caso, qué piensas al respecto, y qué consideras conveniente para agilizar los asuntos judiciales.

Extradición

Al hilo de la noticia que ha salido en los medios informando  que el Tribunal Superior de Londres ha autorizado la extradición a España del etarra Antón Troitiño, reclamado por las autoridades españolas para alargarle la condena en aplicación de la ‘doctrina Parot’, mucha gente se preguntará en qué consiste eso de la extradición.

Pues bien, es un procedimiento que se encuentra regulado en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal , arts 824 a 833.

La extradición puede ser activa o pasiva. En la activa el juez o tribunal que conozca de la causa puede acordar, de oficio o a instancia de parte, solicitar la extradición del condenado por sentencia firme o del imputado contra el que se haya dictado auto de prisión provisional, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

– de los españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país extranjero.

– de los españoles que habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se hubiesen refugiado en país distinto del que delinquieron.

– de los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo.

Además la petición debe ser procedente conforme al Tratado aplicable, o en su defecto según el Derecho del Estado requerido o de acuerdo al principio de reciprocidad.

La petición de extradición se hace en forma de suplicatorio dirigido al Ministro de Justicia por conducto del presidente de la audiencia respectiva, salvo que el Tratado vigente con la nación en cuyo territorio se halle el procesado autorice la petición directa.

Al suplicatorio o a la comunicación se acompaña testimonio en que se inserte literalmente el auto de extradición y en relación a la pretensión o dictamen fiscal en que se haya pedido, así como las diligencias de la causa necesarias para justificar la procedencia de la extradición.

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¿Qué es un proceso monitorio?

Es el procedimiento para el cobro de deudas dinerarias vencidas, exigibles y documentadas,  cuya cuantía estaba fijada hasta el 4/05/10 en 30.000 €,  después la Ley 13 /2009 elevó su cuantía a 250.000 €, y la Ley 37/2011 ha suprimido este límite cuantitativo. Por tanto desde 31/10/2011 no existe límite, convirtiéndose en la forma más frecuente de iniciar las reclamaciones judiciales de cantidad.

Podrá acudir por tanto a este proceso quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria de cualquier importe, siempre que se acredite dicha deuda:

– mediante documentos, firmados por el deudor o con su sello, marca, cualquiera que sea su forma y clase o soporte físico en que se encuentren

– mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, o cualesquiera otros documentos que sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en las relaciones entre acreedor y deudor.

En cuanto al Juzgado Seguir leyendo ¿Qué es un proceso monitorio?

Control judicial del carácter abusivo de las claúsulas suelo

Imagen bancosLa Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2013, recurso nº 485/2012. Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos, viene a fijar la doctrina sobre la posibilidad de dicho control de las claúsulas suelo, incorporadas a contratos bancarios de préstamo a consumidores con garantía hipotecaria y a interés variable celebrados con consumidores y usuarios.

La nulidad se declara por la falta de transparencia, el Tribunal afirma que no es suficiente con que las claúsulas de forma aislada  sean comprensibles. Además, los consumidores deben ser informados de que cuando el tipo de interés baja a determinados niveles, el préstamo se transforma en préstamo a interés fijo variable solo al alza y no se beneficiarán de las bajadas del índice de referencia (en general el euribor).

También deben ser informados de forma clara y destacada, sin que las  cláusulas puedan pasar inadvertidas al consumidor entre otras propias de un contrato tan complejo.

La sentencia declara que la nulidad de las cláusulas no afecta a la subsistencia de los contratos ni a las cantidades ya pagadas.

En el caso presente se condenaba a las siguientes entidades: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Cajas Rurales Unidas, S.C.C y NCG banco S.A.U a eliminar dichas cláusulas de los contratos en los que se insertan y a cesar en su utilización.

Aquí la tenéis por si os resulta de utilidad:  Sentencia del Supremo. Claúsulas Suelo

Ojo! que en palabras del fundamento décimo de la Sentencia se indica que no ha lugar a la retroactividad de la misma, que no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia.

Fuente: Otrosí.net

Alcoholemia: lo que hay que saber

Estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación cantidad de casos de gente que incurre en estos delitos, y por ello es necesario manejar algunos conceptos básicos, que nos ayudarán a comprender en qué consisten los mismos.

En el caso del delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas (CP art. 379.2) y los tipos agravados vinculados al mismo, las pruebas alcoholométricas se constituyen como elemento esencial de la prueba de la comisión del delito, ya sea porque, de acuerdo con la redacción actual del CP art. 79,2,2, pueden constituir por sí mismas prueba de cargo suficiente para la condena, al arrojar un resultado por encima del considerado legalmente como suficiente para entender, cualquiera que sea el conductor, que necesariamente ha de considerarse bajo la influencia del alcohol, o por ser prueba que ha de ser completada por otras que adviertan dicha influencia, si la tasa advertida es inferior a la que genera la presunción legal de influencia pero superior a la prohibida administrativamente.

En todo caso es necesario Seguir leyendo Alcoholemia: lo que hay que saber

Ley 10/2012, de 20 de Noviembre, sobre las Tasas en la Admón de Justicia

El ámbito de aplicación se extiende -además de los órdenes civil y contencioso administrativo – a la jurisdicción social, para los recursos de suplicación y casación. 

Uno de los cambios más significativos de la tasa es la introducción como sujeto pasivo a las personas físicas, cuando antes estaban exentas.  También quedan sujetas las personas jcas que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo a lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

En cuanto a la cuota tributaria, está determinada por una cuota fija en función de cada tipo de proceso, y otra variable,  que se determina a partir de la cuantía del procedimiento.

En las siguientes TABLAS se fijan las cuantías de cada orden jurisdiccional:

 

En el orden jurisdiccional civil: 

 

Primera Instancia Verbal y Cambiario Ordinario Monitorio Ejecución Extrajudicial y oposición a la ejecución Concursal
  150 € 300 € 100 € 200 € 200 €
SS instancias Recurso de apelación Recurso de Casación y Extraordinario por infracción procesal      
    800 €   1200 €      

 

 

En el orden jurisdiccional contencioso administrativo:

 

 

Abreviado Ordinario Apelación Casación
200 € 350 € 800 € 1200  €

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Valor liberatorio del finiquito. Doctrina del Tribunal Supremo

De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Junio de 2012, recurso nº 3158/2011, se planteaba el supuesto siguiente:

Despidieron al actor verbalmente, y en el mismo día suscribe un documento de finiquito en el que declara recibir un importe por diferentes conceptos entre los que consta una partida correspondiente a indemnización, acordando quedar totalmente finiquitado por todos y cuantos devengos salariales y derechos le pudieran corresponder por el trabajo realizado, así como a no tener nada más que pedir ni reclamar a la empresa. 

Sentado lo anterior, la Sentencia razona que el documento de saldo y finiquito firmado por el actor no contiene ninguna expresión inequívoca equivalente a dar por terminada la relación laboral aquietándose al acto del despido y no equivale a ello la de "cesa en la prestación de servicios" que sólo confirma el hecho del despido, sino de no tener nada que reclamar por el trabajo realizado, es decir, que las deudas salariales que se liquidan, interpretación que además de ser literal (art. 1281 Cc) la avala la desproporción entre la indemnización entregada y la que le hubiera correspondido en el supuesto de despido declarado improcedente.

En el Fundamento de Derecho Cuarto la Sentencia indica lo siguiente: No procede atribuir ninguna virtualidad extintiva al hecho de que el trabajador haya firmado el citado documento ya que fue la empresa y no el trabajador la que decidió unilateralmente extinguir el contrato, procediendo seguidamente a suscribir el trabajador al documento de saldo y finiquito, abonando la empresa, en concepto de indemnización, una cantidad sensiblemente inferior a la que le correspondía.

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Junio de 2012, recurso nº 3158/2011. Ponente: Ilma. Sra. Dª María Luisa Segoviano Astaburuaga

Fuente: Otrosí.net

Pinceladas sobre la reforma del Código Penal

Se ha aprobado el anteproyecto de Ley de reforma del Código Penal, que contempla, por vez primera, las siguientes penas:

Prisión de hasta tres años para los matrimonios forzosos, a quienes con violencia o intimidación obliguen a otro a contraer matrimonio, tipo que se considerará agravado cuando a esta situación se sume la exigencia de abandonar el territorio nacional o de no regresar a él.

Prisión de entre seis meses y un año por la difusión de imágenes y grabaciones íntimas sin consentimiento. La definición del tipo no desaparece como consecuencia de que las imágenes se hayan obtenido con el consentimiento de la víctima. La mera divulgación, aunque se hayan obtenido lícitamente, pasa a ser objeto de reproche penal en España.

Hasta dos años para determinadas figuras de acoso que hasta ahora no se habían tipificado, las cuales no pueden ser perseguidas ahora a través de los tipos de amenazas y coacciones. Como ejemplo, el uso indebido de datos personales con el fin de que terceras personas se pongan en contacto con la víctima o atentar contra su libertad o patrimonio o el de personas próximas a ella.

Hasta doce meses de multa por la inutilización de dispositivos electrónicos para el control de penas y medidas de seguridad cautelar. Para reforzar la protección de las personas que han sido objeto de violencia doméstica.

Podéis consultar el texto completo en el siguiente enlace: * Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal*

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