¿Quieres capitalizar tu prestación y crear tu propio negocio?

Los desempleados pueden percibir en un pago único la prestación de desempleo a que tuvieran derecho. O bien, un abono mensual del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo para subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad Social.

¿Quién puede beneficiarse de esta modalidad de pago único? Pues los titulares del derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo, por haber cesado con carácter definitivo en su actividad laboral. Hay una serie de requisitos que hay que tener en cuenta:

-Tener la intención de incorporarse de forma estable y a tiempo completo, como socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o de una sociedad laboral, aunque hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades, o constituirlas.

-Los trabajadores con discapacidad con un grado igual o superior al 33% que quieran convertirse en trabajadores autónomos.

- Los desempleados, sin tener la condición de personas con discapacidad, que tengan la intención de convertirse en trabajadores autónomos, no habiendo hecho uso de la capitalización en los 4 años anteriores a la solicitud. Tener pendientes de percibir un número de meses de prestación igual o superior a 3. Solicitar la capitalización, de forma simultánea a la solicitud de las prestaciones, o en cualquier otro momento posterior durante su percepción, junto con la documentación requerida. Cuando el trabajador haya impugnado el cese en la relación laboral, la solicitud debe ser posterior a la resolución del procedimiento correspondiente. La solicitud debe ser, en todo caso, de fecha anterior a la fecha de incorporación a la cooperativa o sociedad laboral, o a su constitución, o a la de inicio de la actividad como autónomo.

Se debe iniciar la actividad en el plazo de un mes desde la percepción de dicha capitalización y darse de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, o acreditar en su caso que está en fase de iniciación. Además de indicar la actividad, el trabajador está obligado a afectar a la misma la suma capitalizada, lo que acreditará mediante la presentación de cualquier tipo de documento contable, en el que figuren las cantidades abonadas por estos conceptos.

El no inicio de la actividad comprometida o la no afectación a la misma de la suma capitalizada determina la existencia de un cobro indebido de prestaciones por desempleo, cuya devolución es reclamada por el SEPE

¿Y qué pasa si una vez iniciada la actividad no se puede continuar por motivos justificados y el trabajador tiene que cesar en su situación de autoempleo? en este caso se entiende que se han cumplido los requisitos exigidos para la capitalización, aun cuando ésta no haya logrado su objetivo último, por lo que no parece posible exigir la devolución de la suma capitalizada.

Con respecto al IRPF, la prestación por desempleo percibida en la modalidad de pago único estaba exenta con el límite de 15.500 € (L35/2006 ART.7.n). El exces0 sobre dicha cantidad podía imputarse como renta de trabajo regular en cada uno de los períodos impositivos en que, de no haber mediado el pago único, se hubiese tenido derecho a la prestación. Pero, a partir del 1 de enero de 2013 las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único están exentas sin límite alguno, aunque condicionadas al mantenimiento durante 5 años , de la acción o participación o bien de la actividad como autónomo

¿Alguna duda? ¿Necesitáis ampliar información sobre la modalidad de pago único? Podéis poneros en  contacto a través de la web

Barreras arquitectónicas y accesibilidad

Todos en un momento dado hemos sufrido, bien en primera persona, o a través de personas cercanas que sufren alguna minusvalía, el problema de la movilidad por nuestros pueblos y ciudades. Sin ir más lejos, llevar un simple carrito de bebé se convierte en algunos lugares en toda una odisea, por tanto, siempre son bien recibidas las noticias jurisprudenciales que amparan los derechos de aquellos más vulnerables, otorgando igualdad de oportunidades y evitando discriminación con respecto a las personas que sufren discapacidades. accesibilidad1

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado recientemente el recurso de los padres de un discapacitado declarando la obligación a su comunidad de vecinos en Gandía para autorizar unas obras en una piscina comunitaria adaptándola para la utilización por el mismo.

La Sentencia apela a principios contemplados en nuestra Constitución a través del art. 49, así como a normativa internacional: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de Nueva York-2006, y leyes específicas de protección de los discapacitados: Ley 15/95, de 30 de mayo, Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

El Supremo pone límites a la propiedad privada en interés del derecho de los discapacitados a poder usar los inmuebles en igualdad de oportunidades y sin discriminación.

Estos límites legales al dominio posibilitan la supresión de barreras arquitectónicas y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad al uso de los elementos comunes de los inmuebles en propiedad horizontal, siempre que dicho uso pueda ser posible con modificaciones que, en el caso que resuelve la Sala, no se ha alegado ni probado que puedan ser inalcanzables o sumamente gravosas.

En este caso concreto se trataba de instalar una silla, brazo o elevador para minusválidos, con anclaje sencillo y no fijo, y cuyos gastos asumían los padres.

De ahí que la Sala considere que la negativa a autorizar la realización de las obras que permitan dicha utilización era abusiva y contraria a la legalidad vigente.

En este sentido, la sentencia recuerda que el propio artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Horizontal exige a la Comunidad de Propietarios realizar las actuaciones y obras que sean precisas para que un discapacitado pueda hacer uso de los elementos comunes, entre los que se encuentra la piscina comunitaria.

Un paso más, en definitiva, para mejorar la calidad de vida de muchas personas y su integración en nuestra sociedad.

Programa Conoce tus leyes

El pasado jueves tuvimos la gran oportunidad de participar en el programa que organiza la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, desde la Viceconsejería de Inmigración, Voluntariado y Cooperación y la Dirección General de Inmigración, en colaboración con la fundación Wolters Kluwer, la fundación Cremades & Calvo-Sotelo y el Colegio de Abogados de Madrid, impartiendo una charla en el CEPI Hispano Dominicano.

El objetivo del programa es dotar a los nuevos ciudadanos de conocimientos sobre la sociedad española para facilitar su integración en nuestra sociedad. cepi2

En la charla se abordaron diferentes aspectos, desde la normativa española en materia de extranjería, con mención de las diferentes situaciones en las que pueden encontrarse los extranjeros en España,  y sobre los principales procedimientos administrativos en materia de extranjería. Asímismo se abordaron nociones básicas sobre adquisición de nacionalidad española y medidas antidiscriminatorias.

Esperamos seguir colaborando de ahora en adelante en próximas sesiones.

Diferencia entre homicidio y asesinato

Estos días todos andamos desconcertados con el caso de Asunta Basterra, arrojándose desde los medios de comunicación todo tipo de datos y suposiciones. Los padres están imputados por un delito de homicidio, pero se preguntarán muchas personas ¿qué diferencia hay con respecto del asesinato?. Lógicamente el resultado es el mismo: la muerte de una persona, pero existen importantes diferencias.

Pues bien, en nuestro Código Penal, art. 138 está penado el homicidio con prisión de 10 a 15 años. Y la diferencia se establece en el artículo siguiente, considerándose asesinato cuando concurren alguna de las circunstancias siguientes:

* alevosía * precio, recompensa o promesa * con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

Por tanto, cuando concurren más de una de las circunstancias anteriores, estaríamos hablando de penas de prisión de 20 a 25 años.

Si de la investigación de los hechos el Juez instructorVázquez Taín considera que pudiera existir cualquiera de los tres anteriores supuestos, (o los tres conjuntamente) es decir, si existe premeditación, ensañamiento y concurrencia de precio, el cargo se elevaría a asesinato.

El homicidio se produce cuando una persona mata a otra, pero no concurren ninguno de los tres supuestos referidos. Habréis oído hablar del homicidio involuntario (imprudente), un ejemplo es el típico atropello como consecuencia de un accidente de tráfico.. Homicidio voluntario (doloso) la típica pelea que acaba con una muerte. Las penas aquí también varían, según el art. 142 del CP van de 1 a 4 años en el imprudente, y desde los 10 hasta los 15 en el doloso.

El Concurso de Acreedores en su nueva regulación

Jornada Ramón ArecesEl pasado día 4 de Julio nuestro compañero abogado D. Noel Carrasco Luna asistió a una jornada que organizó la Fundación Ramón Areces en Madrid con el tema que titula este artículo.

El interés de esta Jornada sobre la materia no sólo provino del elenco de especialistas intervinientes en la misma, sino porque, a través de ella, se abordaron los distintos aspectos que se derivan del Concurso de Acreedores; institución ésta, que en la actualidad, cobra un inusitado interés como efecto derivado de la lamentable crisis económico-social que se padece por doquier.

Esta normativa tiene por objeto principal resolver los problemas de insolvencia de numerosas personas físicas y jurídicas que impiden la justa satisfacción de los créditos derivados de las relaciones económicas existentes.

En la Jornada a través de sus diversos intervinientes -todo juristas de reconocido prestigio- se analizó la nueva Regulación de la Reforma Concursal, Leyes 38/2011 y 25/2011 partiendo de la prolija Exposición de Motivos de la Ley 22/2003 de 9 de Julio que, como es sabido, es objeto de reforma por la Disposición Primera de la Ley 38/2011 y su aplicación práctica.

Se destacaron los principios inspiradores de la Ley Concursal que fueron desarrollados a través de las distintas ponencias. Con dicha Ley se persiguió resolver el arcaismo y la dispersión de las normas que estaban vigentes en materia relativa a los  litigios promovidos por la insolvencia de los sujetos económicos que en su día  contrataron diversas relaciones económicas y no pudieron atender sus compromisos.

Apuntarse al paro

Puede que en verano salga el dato una vez más, en los medios de comunicación, que nos indique que el número de ciudadanos inscritos en el paro se ha reducido, pero lo cierto es que miles de personas se enfrentan a diario a esa nueva realidad en sus vidas llamada: estar en el paro.
Y se preguntarán: ¿dónde debo dirigirme? ¿qué documentos son necesarios para tener derecho a una prestación? ¿qué debo hacer para conseguir mi inmediata inserción en el mercado laboral?

Pues bien, el organismo que gestiona todas estas cuestiones es el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que gestiona el sistema de protección por desempleo, por cierto, antiguo INEM.

Lo primero que hay que hacer es solicitar cita previa , para poder presentar la documentación consistente en: la carta de despido, DNI, libro de familia si se tienen hijos a cargo, certificado de empresa,  (si la empresa no lo ha remitido por internet al SEPE) y el impreso de solicitud de la prestación.  Recordar que también se puede solicitar vía electrónica, si se dispone de certificado digital o DNI electrónico.

Para el reconocimiento de la prestación además debes figurar inscrito como demandante de empleo en el servicio de empleo autonómico o, si reside en Ceuta o Melilla, en el Servicio Público de Empleo Estatal.

Debes firmar la conformidad al compromiso de actividad que ponen a tu disposición para la búsqueda de empleo.

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¿Qué es el SMAC? ¿Cuándo tienes que acudir a él?

En la Comunidad de Madrid existe el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación, como órgano administrativo al que se acude para la resolución de los conflictos laborales con carácter previo a la tramitación del proceso judicial. Ante este organismo se intenta llegar a un acuerdo entre empresario y trabajador en materias de despidos, reclamaciones salariales, sanciones disciplinarias y reconocimiento de derechos en general.

Se presenta lo que se denomina “papeleta de conciliación” (ejem en formularios de la web), en el plazo de 20 días hábiles, desde la fecha de efectos del despido. La presentación de la misma, suspende los plazos de caducidad.  Es decir, el plazo para la presentación de la demanda, (si no se ha llegado a acuerdo) se reanuda tras el intento de conciliación,  o transcurridos quince días desde su presentación sin que se haya celebrado. En los casos de reclamación de cantidad y reconocimiento de derechos, recordemos que  el plazo es de un año.

Cuando se acude al Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación pueden darse varias situaciones: que lleguemos a un acuerdo con la empresa, entonces se levanta acta conciliando, y constituye título con fuerza ejecutiva. Que no comparezca la empresa, entonces el acto es intentado y sin efecto. Que comparezcan ambas partes y no se llegue a acuerdo: celebrado sin avenencia. En estos dos últimos casos, el acta ha de adjuntarse a la demanda que en su caso se interponga.

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Ticket de Registro en SMAC

Retraso en los Juzgados

De todos es conocido el retraso que sufre la administración de la justicia en este país, pero nos ha llegado la noticia de un Juzgado de Almería que ha contestado una demanda por separación matrimonial, 12 AÑOS DESPUÉS DE PRESENTARSE!!.

El escrito fue presentado por la pareja en el año 2001, y en él comunicaban al Juzgado que reanudaban  su convivencia conyugal, es decir, solicitaban se dejaran sin efecto la separación y las medidas planteadas. El Juzgado dado el tiempo transcurrido, requería a los cónyuges para que dijeran si mantienen el contenido, y acordar en su caso lo que procediese. ¿Qué medidas son necesarias para evitar el colapso en los Juzgados? Cuéntanos tu caso, qué piensas al respecto, y qué consideras conveniente para agilizar los asuntos judiciales.

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