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  1. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su Título III, regula las comunicaciones comerciales por vía electrónica, estableciendo en su artículo 21, la prohibición de ciertas comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación equivalentes.
    Esta prohibición, se establece en relación con aquellas comunicaciones publicitarias o promocionales que previamente no hubiese solicitado o las hubiese expresamente autorizado.

    Sin embargo, esta prohibición no será de aplicación en el caso de que mantenga relaciones comerciales con la empresa o persona que está enviando dichos mensajes de correo electrónico, ya que podría apreciarse que su dirección de correo se ha obtenido de forma lícita y le están ofertando productos o servicios similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación por su parte.

    En todo caso, la empresa o persona que le remite los mensajes de correo electrónico deberá haberle ofrecido de una forma sencilla y gratuita la posibilidad de que se oponga a que le remitan comunicaciones comerciales en el momento en que les haya facilitado su dirección. Del mismo modo, esta posibilidad debe también ser reflejada en cada comunicación comercial que le dirijan, por lo que en la próxima comunicación que reciba podrá oponerse a que le sean enviadas nuevas comunicaciones.

    Llegada la situación en que la persona que le esté enviando comunicaciones no atienda su solicitud, la Ley 34/2002, establece la posibilidad de interponer la acción de cesación en la jurisdicción civil o acudir a los procedimientos de resolución de conflictos previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de los consumidores y usuarios, y a los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos de conducta u otros instrumentos de autorregulación.

    La realización de envíos de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 del mencionado texto legal, viene tipificado como una infracción de carácter leve cuando no constituya una infracción grave. En tal sentido se produciría una infracción grave en el caso de que dichos envíos se realicen de forma masiva, o cuando en el plazo de un año, se hayan realizado tres o más envíos de comunicaciones comerciales por los medios aludidos a un mismo destinatario, siempre que en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el mencionado artículo
    .
    La comisión de una infracción de carácter leve conlleva una multa de hasta 30.000 euros, mientras que para las infracciones de carácter grave la multa oscilaría entre los 30.001 y 150.000 euros.

    Otro supuesto diferente, se produce cuando los mensajes de correo electrónico que haya recibido en su cuenta de correo provengan de personas o empresas con las que nunca ha mantenido contacto comercial. En tal sentido, además de lo ya establecido por la Ley 34/2002, y que ha sido anteriormente comentado, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, establece en su artículo 16 como uno de lo derechos de las personas, la posibilidad de cancelar los datos de carácter personal, por lo que podrá dirigirse al responsable del tratamiento de sus datos, para que proceda a hacer efectivo este derecho o, en su caso, exprese los motivos por los que no procede la cancelación de su dirección de correo electrónico del fichero correspondiente. El plazo en que deberá atender su solicitud será de diez días tal y como expresa el artículo 16 de la Ley orgánica 15/1999.

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